La organización sindical llama a las trabajadoras y trabajadores de todos los sectores a participar en una jornada de huelga de 24 horas para reclamar condiciones de vida dignas y respuestas ante la crisis de la vivienda y el deterioro de los servicios públicos.
— Intersindical Región Murciana convoca, junto a la Confederación Intersindical y al resto de sindicatos de clase de ámbito estatal, una huelga general de 24 horas el próximo 11 de noviembre, en el marco del proceso de movilización impulsado por el Sindicato de Inquilinas y el conjunto del movimiento sindical y popular.
La convocatoria, bajo el lema "para vivir con dignidad, parte de una realidad que, según señala la organización, afecta cada vez a más personas: tener un trabajo ya no garantiza poder acceder a una vivienda ni mantener unas condiciones de vida dignas. El estancamiento de los salarios coincide con el incremento del precio de la vivienda, los alquileres, el combustible y los bienes básicos, dificultando especialmente la emancipación de la juventud y aumentando las dificultades económicas de las familias trabajadoras.
Una huelga para defender salarios, vivienda y servicios públicos
Intersindical Región Murciana sostiene que la vivienda es también una cuestión sindical, al considerar inseparables las condiciones laborales de las condiciones materiales de vida.
"Reclamamos medidas inmediatas frente a la especulación inmobiliaria, entre ellas la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional, la estabilidad de los contratos de alquiler, una regulación efectiva de los alquileres de temporada y por habitaciones, mecanismos para reducir las rentas abusivas y la creación de un amplio parque público de vivienda asequible y permanente", ha indicado Pablo Rodríguez, coportavoz de Intersindical Región Murciana.
Asimismo, exige subidas salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo y una mayor inversión de los gobiernos central y autonómico en los servicios públicos, con plantillas suficientes, mejores condiciones laborales y una atención adecuada a la ciudadanía.
La convocatoria interpela a todas las administraciones
La Intersindical señala que la huelga se dirige contra las políticas que, a su juicio, permiten que los beneficios privados se antepongan a los derechos de la mayoría social. La organización recuerda que las responsabilidades están repartidas entre las distintas administraciones y reclama respuestas tanto al Gobierno del Estado, en materias como vivienda, relaciones laborales y financiación de los servicios públicos, como al Gobierno de la Región de Murcia, al que corresponden competencias directas en vivienda, servicios públicos autonómicos y condiciones laborales de sus plantillas.
En la Región, la vivienda sube más rápido que los salarios
La situación de la vivienda en la Región de Murcia evidencia cada vez más la distancia entre la evolución de los precios y la capacidad económica de las familias trabajadoras. El precio de la vivienda en venta ha aumentado un 13,9 % en el último año, mientras que el precio del alquiler ha subido un 4,8 % en el mismo periodo. La tendencia es especialmente preocupante porque estos incrementos se producen sobre unos salarios que no crecen al mismo ritmo. El 37,1 % de las personas asalariadas de la Región cobra menos de 1.582,20 euros brutos al mes, por lo que para una parte muy importante de la población trabajadora cada subida del alquiler o del precio de la vivienda supone una pérdida adicional de capacidad económica.
La evolución de los últimos años muestra además que no estamos ante un incremento puntual ni limitado al área urbana de Murcia. Desde junio de 2018, el precio del alquiler ha aumentado un 59,7 % en la ciudad de Murcia, un 67,9 % en Cartagena y un 77,8 % en Molina de Segura.
En este contexto, no se entiende la reacción del presidente López Miras cuestionando "contra quién" se dirige la huelga. La crisis de la vivienda no es un problema que corresponda únicamente al Gobierno central: la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene competencias propias en materia de vivienda y capacidad para desarrollar políticas de vivienda protegida, ayudas y otras medidas destinadas a garantizar el acceso a una vivienda digna.
