Según las estimaciones de CCOO, haría falta el incremento de entre 150 y 200 de nuevos puestos de personal funcionario entre todos los partidos judiciales de la región de Murcia para cubrir adecuadamente el incremento de actividad y carga de trabajo en los Tribunales de Instancia de la Región de Murcia que va a suponer la creación de 19 unidades judiciales y 7 fiscales en nuestra Comunidad Autónoma y que desde CCOO valoramos positivamente su creación.
Pero la Región de Murcia es una de las Comunidades con mayor atasco judicial en toda España, especialmente en la jurisdicción civil. Eso, unido a que ha existido un déficit de dotación de nuevas plazas de personal en los últimos años ya que todas las plazas de jueces y fiscales creadas desde 2024 lo han sido sin incrementar las plantillas de personal funcionario tanto en los órganos judiciales como en la fiscalía de la comunidad autónoma, y a que tras un año de implantación de la nueva organización de Tribunales de Instancia en la mayoría de los partidos judiciales de la región y de seis meses en los partidos más grandes como Murcia, Cartagena y Lorca, las graves deficiencias de personal está provocando una saturación tanto en las cargas de trabajo que soportan los trabajadores en servicios tan delicados como violencia sobre la mujer, familia, social,…como en el retraso de la tramitación de asuntos, y todo ello formará la tormenta perfecta sobre la Justicia de la Región que la creación por sí sola de 19 plazas de jueces y 7 de fiscales no va a resolver.
El Ministro Bolaños ha demostrado tener un "peculiar" concepto de la eficiencia, sin costes de personal, y ha "publicitado" sin ruborizarse que el nuevo modelo de Tribunales de Instancia supone un cambio significativo en los costes de la ampliación judicial: "mientras que la creación tradicional de un juzgado se estima en unos 500.000 euros, la asignación de un juez a una sección especializada dentro de este nuevo modelo cuesta alrededor de 100.000 euros". Está claro que ese ahorro lo proporcionará la sobrecarga de trabajo del personal funcionario.
La famosa Ley de Eficiencia se traduce en un abaratamiento del sistema, trasladando el coste a la sobrecarga del personal existente, y desde CCOO no podemos estar más en desacuerdo y exigimos al ministerio que se incremente en igual proporción la plantilla del personal.
