El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, comparte en la sede de UGT las medidas impulsadas por IU en el Ejecutivo asturiano para ampliar el parque público, intervenir el mercado del alquiler y garantizar el derecho efectivo a una vivienda digna
Izquierda Unida-Verdes reunió ayer por la tarde en la sede de UGT de Murcia a representantes políticos, sindicales y sociales en una jornada sobre el derecho a la vivienda digna en la que el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, compartió la experiencia de gobierno de IU en el Ejecutivo asturiano como ejemplo de que es posible aplicar políticas públicas que enfrenten el rentismo y la especulación inmobiliaria.
El encuentro, enmarcado en la gira que el responsable asturiano está realizando por distintos territorios del Estado para explicar el modelo de vivienda impulsado por Izquierda Unida, contó con la participación de la coordinadora regional de IU-Verdes en la Región de Murcia, Penélope Luna, y del diputado regional, José Luis Álvarez-Castellanos.
La jornada fue inaugurada por Luna, quien agradeció la presencia de militantes, colectivos sociales y organizaciones políticas en una sesión centrada en analizar alternativas frente al modelo actual de vivienda. La coordinadora regional subrayó que el objetivo de IU es impulsar "un cambio de paradigma" que sitúe la vivienda al nivel de otros derechos fundamentales como la educación o la sanidad, de modo que el acceso a una vivienda digna deje de depender exclusivamente del mercado.
Durante su intervención, Álvarez-Castellanos analizó la política de vivienda del Gobierno regional del Partido Popular, denunciando que las iniciativas legislativas impulsadas desde el Ejecutivo autonómico de López Miras responden "al dictado de la patronal de la construcción" y mantienen el acceso a la vivienda completamente subordinado a los intereses del mercado inmobiliario.
El diputado regional criticó especialmente el intento del Gobierno de Fernando López Miras de aprobar un decreto-ley de vivienda asequible que finalmente decayó en la Asamblea Regional. Según explicó, la propuesta establecía precios que difícilmente pueden calificarse como asequibles. Con el sistema planteado por el Ejecutivo autonómico, una vivienda tipo podría alcanzar en torno a 235.000 euros o alquileres cercanos a los 1.150 euros mensuales.
Para Álvarez-Castellanos, este modelo refleja una política basada en "los brazos cruzados", donde la administración renuncia a intervenir en el mercado, no promueve vivienda pública y, además, ha vendido parte del parque público existente.
Frente a este modelo, el consejero asturiano Ovidio Zapico expuso las principales líneas de actuación desarrolladas por Izquierda Unida desde su entrada en el Gobierno del Principado en agosto de 2023. Zapico defendió que el punto de partida de cualquier política de vivienda debe ser asumir que se trata de un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución y que, por tanto, las políticas públicas deben situar los intereses de la ciudadanía por encima de los beneficios de rentistas, especuladores o grandes promotores inmobiliarios.
El responsable de vivienda del Ejecutivo asturiano explicó que el primer objetivo de su consejería ha sido reforzar el parque público de vivienda, tras décadas de privatizaciones que redujeron drásticamente su tamaño. Cuando Asturias recibió las competencias en los años ochenta contaba con cerca de 32.000 viviendas públicas, una cifra que se había reducido a poco más de 9.600 cuando IU regresó al gobierno autonómico.
Ante esa situación, el Gobierno asturiano ha puesto en marcha un plan para construir o licitar alrededor de mil nuevas viviendas públicas durante la actual legislatura, con el objetivo de superar las 10.000 viviendas y alcanzar las 15.000 en el horizonte de 2035.
Zapico defendió además la necesidad de intervenir en el mercado del alquiler utilizando herramientas previstas en la ley estatal de vivienda, como la declaración de zonas tensionadas. Asturias se encuentra actualmente en proceso de declarar doce áreas con precios desorbitados, donde se aplicarán medidas de limitación del alquiler y una moratoria para nuevas licencias de pisos turísticos.
Otra de las iniciativas destacadas es el programa "Alquilámoste", mediante el cual los propietarios de viviendas vacías pueden ceder sus pisos a la administración durante siete años, con garantías de cobro del alquiler y ventajas fiscales. A cambio, el precio del alquiler se fija por debajo del índice de referencia del mercado, lo que permite ofrecer viviendas a precios sensiblemente más bajos que los habituales.
El consejero explicó que esta intervención pública puede reducir de forma significativa los precios del alquiler. Como ejemplo, citó un piso de 97 metros cuadrados en el centro de Gijón que en el mercado se alquilaría por más de 1.000 euros mensuales y que, dentro del programa público, se ofrece por unos 630 euros.
Zapico también anunció que el Gobierno del Principado está tramitando la primera ley autonómica de vivienda, una norma que reconocerá el derecho subjetivo a la vivienda, blindará el carácter público del parque residencial autonómico y establecerá la calificación permanente de la vivienda protegida para evitar su liberalización tras unos años.
"Si queremos garantizar de verdad el derecho a la vivienda, necesitamos suelo público para vivienda pública y políticas sostenidas en el tiempo", concluyó el consejero asturiano.
La jornada permitió confrontar dos modelos claramente diferenciados de política de vivienda: el impulsado por Izquierda Unida en el Gobierno asturiano, basado en la ampliación del parque público y la intervención del mercado, y el modelo vigente en la Región de Murcia, donde —según denunció IU— la vivienda continúa tratándose como un negocio y no como un derecho fundamental.
