Las instrucciones enviadas por la Consejería de Educación de la Región de Murcia al colectivo docente de las aulas abiertas como adaptación de las pistas de auditoría en las actividades lectivas no presenciales que se llevan a cabo en las aulas abiertas que están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo con motivo de la crisis del COVID-19, entran claramente en contradicción con el principio de confidencialidad con las familias, considerándose una invasión a la intimidad de docentes/familias.
Las instrucciones exigen pruebas documentales del trabajo realizado de forma no presencial como correos electrónicos enviados a las familias, videoconferencias, llamadas telefónicas: temas tratados, capturas de pantalla, grabaciones… siendo temas personales que el colectivo docente no quiere ni debe compartir, máxime cuando no ha habido un consentimiento previo por parte de las familias.
Estas instrucciones llegan con bastante retraso ya que los centros se cerraron el 17 de marzo y las instrucciones han sido enviadas a partir del 15 de mayo.
Partimos de la consideración de que tutoras y tutores de las aulas abiertas de la red pública de nuestra región son personas que de manera voluntaria y con un alto nivel de profesionalidad, han demostrado sobradamente la calidad de su trabajo y que en el nuevo contexto de crisis sanitaria están haciendo un gran esfuerzo, reinventándose en la modalidad no presencial ante un alumnado muy diverso y con problemáticas muy diferentes y difíciles. Es impresionante la puesta en marcha de diversas metodologías y la calidad de los materiales que están creando de manera personalizada para adaptarse a las actuales circunstancias.
Cabe destacar por lo tanto, que estas docentes no se quejan de la carga de trabajo, ni se niegan a aportar registros de su labor docente, como no puede ser de otra manera; puesto que estas tareas forman parte de su trabajo, pero exigen que no se vulnere el principio de confidencialidad referido a las comunicaciones que establecen con las familias de su alumnado, como problemas familiares manifestados, informaciones referidas a temas personales del alumnado (posibles problemas graves de conducta, medicación…).
Si la consejería desconfía de este colectivo docente, desde STERM le preguntamos: ¿Qué medidas de seguridad ha adoptado la Consejería para asegurar la protección de datos del alumnado? ¿Cómo puede pedir al colectivo docente pruebas de sus reuniones si la consejería no ha sido capaz de establecer un protocolo para cumplir con la Ley de Protección de Datos? ¿Cómo es posible que el colectivo docente lo vea tan claro y proteja la confidencialidad de sus reuniones y sea la propia Administración quien cuestione la Ley?
¿Acaso es imposible que la Consejería dé traslado a las instrucciones que se reciben del Ministerio y a la vez proteja la confidencialidad de la información entre docentes y familias? ¿Tanto miedo tiene a una posible pérdida de subvenciones para estas aulas y que quede en evidencia que ha sido la única medida adoptada por este ejecutivo de Atención a la Diversidad en los últimos años?
Por último, ¿por qué la Consejería no habla con sus profesionales y dialoga en la búsqueda de fórmulas que den respuesta a la evaluación requerida sin que suponga una agresión a la confidencialidad y al magnífico trabajo realizado por las y los docentes?
Desde STERM Intersindical apoyamos plenamente la oposición a estas instrucciones del profesorado de la aulas abiertas públicas de nuestra región y exigimos a la Administración que busque fórmulas de evaluación que conjuguen los requisitos legales exigidos por el Ministerio y el merecido respeto al trabajo y la confidencialidad de docentes y familias.
