El PSOE asegura que la labor de retirada de embarcaciones hundidas y fondeadas ilegalmente en el Mar Menor corresponde al Gobierno regional

Fuente:
Mazarron.com

Manuel Sevilla afirma que el consejero Luengo está tan perdido, que ni siquiera conoce cuáles son sus competencias. "Lo que tiene que hacer es asumir sus responsabilidades y cumplir los convenios que firma el Gobierno regional"

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Manuel Sevilla ha asegurado que la retirada de embarcaciones hundidas y fondeadas ilegalmente en el Mar Menor, que supongan un riesgo ambiental para el espacio natural protegido, corresponde al Gobierno regional.

Manuel Sevilla ha recordado que esta labor la asumió voluntariamente la Consejería de Medio Ambiente en noviembre de 2018, a través de un convenio firmado por el consejero Javier Celdrán y el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura.

"Además de este convenio, el consejero debe cumplir la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor, que en su artículo 66, prohíbe el fondeo de embarcaciones", ha añadido.

El diputado socialista ha explicado que en los presupuestos regionales hay partidas específicas para la creación de fondeaderos de visita en el Mar Menor, pero el Gobierno regional no las ejecuta. "La partida es de 250.000 euros y, a fecha de hoy, solo ha ejecutado 16.800 euros, y por tanto, no dan alternativas a los usuarios".

También ha recordado que la ley del Mar Menor, en su artículo 67, establece que se construirán rampas para el acceso diario de embarcaciones, con el fin de disuadir el fondeo incontrolado.

"Coincidimos con el consejero en que estas embarcaciones suponen un riesgo y le pedimos que se ponga a trabajar y las retire, ya que es su competencia, y también le exigimos que dé una alternativa para la navegación de pequeñas embarcaciones en el Mar Menor, ya que la navegación aporta atractivo turístico a la comarca", ha concluido.

El PSOE asegura que la labor de retirada de embarcaciones hundidas y fondeadas ilegalmente en el Mar Menor corresponde al Gobierno regional, Foto 1

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