La dirección regional de IU-Verdes, a través de su coordinador regional José Luís Álvarez-Castellanos, ha calificado los presupuestos del gobierno regional como insolidarios porque no atienden los problemas de las personas con mayor necesidad, ahondan en la privatización de servicios, y no aportan soluciones medioambientales al ecocidio del Mar Menor. Además, abandonan a la población rural a su suerte y siguen recortando la financiación local y en materia de violencia de género; aumentan la deuda y nos engaña con las inversiones. En resumen, son una auténtica estafa.
Álvarez-Castellanos ha destacado que "estos presupuestos destinan casi una cuarta parte al pago de la deuda, siendo este capítulo mayor ya que el gasto en educación, 1.487 millones frente a 1.318 millones. Una deuda que se ha multiplicado por 12 en apenas una década. De tal manera que el presupuesto disponible para gasto corriente e inversiones es menor que en 2008 y que en 2018, último presupuesto liquidado".
"Son inadmisible unas bonificaciones fiscales que solo por el impuesto de sucesiones y la rebaja del IRPF ocasiona un agujero de 261 millones, los mismos en que se va a incrementar la deuda pública con nuevos préstamos, bonificaciones que benefician mayoritariamente a las rentas altas y cuyo déficit pagamos todos vía incremento de la deuda", ha insistido.
Desde IU-Verdes se resalta que estos presupuestos ahondan en la privatización de servicios públicos detrayendo fondos para su mantenimiento como son los 261 millones que se destinan a conciertos escolares, más de 30 millones en los dos últimos años a concertar aulas de Bachillerato y FP en centros mayoritariamente de la patronal católica de la enseñanza. Sin embargo, se deja fuera la inversión en personal médico (140), de enfermería (240) y de trabajadores/as sociales (71) necesarios para resituar el sistema sanitario de Atención Primaria como eje básico de un nuevo modelo sanitario.
Desde el punto de vista de la política social, continúan en la línea asistencial caritativa sin hacer frente a las situaciones de emergencia social de muchas familias. Es inadmisible tanto el recorte presupuestario en Renta Básica de Inserción (2 millones menos) bajo la excusa insultante de que no hay lista de espera, cuando tenemos una de las tasas de pobreza y exclusión social más altas de España; como en Dependencia que baja tres millones (de 40 a 37).
Desde la formación de izquierda se señala especialmente el recorte y la falta de compromiso que ello indica, en la lucha contra la violencia de género y en las políticas de igualdad. Amparándose en el aumento presupuestario del Pacto de Estado, el gobierno regional recorta su aportación en estas políticas casi 500.000 euros, muy lejos de los años anteriores a la crisis en que el Instituto de la Mujer ejecutaba presupuestos de casi 12 millones.
De ridícula puede calificarse la asignación presupuestaria destinada a un problema fundamental de nuestra región como es la despoblación rural, a lo que se destina 150.000 euros sin especificar siquiera a tipo de Plan y actuaciones responden.
Tampoco aportan soluciones ni apoyo a la creación cultural en nuestra región, y siguen condenando a los ayuntamientos sin ayudas para la promoción y desarrollo de las actividades culturales.
Finalmente, los presupuestos están carentes de propuestas efectivas para la mejora de la empleabilidad o propuestas de formación dirigidas a la recualificación de los parados de larga duración y jóvenes. No aportan soluciones medioambientales al problema del Mar Menor, al fijar inversiones en materias que no van al fondo del problema que es la regulación del modelo agroindustrial de carácter intensivo y además recortan un 16% en investigación científica y técnica y por tanto en I+D+I.
