El derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos es real y así lo recoge la Constitución Española. Los alumnos reciben la formación que el profesorado y el centro determinan dentro de currículum escolar, con la independencia que siempre han tenido.
Como representantes de estudiantes, consideramos que la medida adoptada por la Consejería de Educación, que pasa por solicitar una autorización familiar a la hora de que los alumnos acudan o no a una actividad complementaria impartida por personas ajenas a los centros educativos, no vulnera esa independencia de los profesores y, además, respalda y defiende el derecho que tienen las familias a saber qué información o actividad se facilita a los alumnos.
El problema radicaría en la prohibición de cualquier charla o actividad complementaria, extremo que no ocurre ni ocurrirá, ya que eso no es lo que defiende la medida de la autorización familiar.
